La reciente matanza de 43 estudiantes en Ayotzinapa, estado de Guerrero, ha demostrado la incapacidad del Estado Mexicano para garantizar el ejercicio de la ciudadanía en gran parte de su territorio. 

La debilidad de un estado se percibe cuando la autoridad no llega al país, no hay protección y no se cumplen las leyes. Esto ocurre en gran parte de México, donde el estado está subordinado al crimen organizado que se ha instalado paulatinamente desde hace más de una década y ha logrado estabilizarse, amparado en el manto de la corrupción.

Como en gran parte de América Latina, México no escapa al problema de la territorialidad. Es decir, el estado funciona urbanamente, pero deja vacíos en el sector rural que son ocupados por narcotraficantes o guerrillas. Cuando estos grupos antisociales se insertan en un territorio, es muy difícil desalojarlos porque penetran en la dinámica social y económica de lugares habitualmente desamparados por el gobierno central.

El politólogo argentino Guillermo O’Donell llamaba “zonas marrones” a los territorios dominados por terratenientes, empresas mineras, narcotraficantes o guerrillas y, por ende, los ciudadanos carecen de protección y no tienen acceso a la salud, la educación ni mucho menos, como el caso mexicano, a la seguridad.

La masacre de los 43 estudiantes, cuyos restos fueron hallados en su mayoría en Iguala, le estalla en la cara a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, representante del PRI (Partido Revolucionario Institucional), el grupo político más influyente de México y que ahora deberá replantear su discurso y su estrategia para no seguir perdiendo capital político.

El PRI siempre se ha sabido acomodar a las circunstancias políticas que México ha debido enfrentar, tanto en su convivencia con Estados Unidos, con los que siempre se han presentados grandes problemas de límites territoriales, marítimos, fronteras, narcotráfico, entre otros. Por eso, Mario Vargas Llosa le llamó "la dictadura perfecta".

Hoy el PRI de Peña Nieto no tiene forma de hacer funcionar la institucionalidad en gran parte de México, lo que pone en evidencia el grado de desamparo de los ciudadanos y el empoderamiento alcanzado por grupos ilegales en el país.

De momento ni Peña Nieto ni el PRI han presentado una alternativa de lucha estructural contra el flagelo del narcotráfico y, por el contrario, han actuado de manera reactiva, como un bombero que apaga hoy un incendio, sin saber dónde empezará otro.

Es el Estado Mexicano el que deberá darles respuestas a sus atribulados ciudadanos que expresan sus protestas con marchas por todo el país. No se está dando el axioma que Benito Juárez, el patriarca político y otrora presidente mexicano, acuñó alguna vez: “El respeto de derecho al otro es la paz”.