Al propiciar la crisis que motivó la disolución del Gobierno, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha cumplido con la tradición política establecida desde la fundación de Israel en 1948: ningún gobierno ha terminado los cuatro años de mandato. 

Dado que Israel tiene un régimen parlamentario, herencia británica, los sucesivos gobiernos se establecen en base al resultado de las elecciones en las que se eligen 120 diputados a la Knesset (el unicameral Congreso).

En ese contexto, el primer ministro de turno disuelve el Congreso porque la coalición de gobierno está en crisis y se rompe la alianza o porque el régimen de turno está sólido y aprovecha la coyuntura para ejecutar cambios con el respectivo respaldo popular.

Esta vez, desde el punto de vista político, Netanyahu tiene al problema de Hamas y los palestinos encapsulado en una serie de asuntos pendientes que se enmarcan dentro de su política de seguridad.

El gobierno de Netanyahu ha puesto en agenda un asunto sensible que otros gobiernos no han enfrentado por evitarse problemas con las distintas comunidades que forman la nación israelí.

Netanyahu pretende convertir Israel en un Estado nación judío -una idea que es propuesta por los grupos ultraderechistas israelíes- y de esa manera discriminar a las minorías, sobre todo a los árabes israelíes que representan el 20% de la población.

En Israel no hay Constitución, pero si 11 Leyes Básicas que cumplen el rol de lo que sería una Carta Magna. Precisamente, la propia Declaración de Independencia prohíbe la discriminación en base a género, raza o religión. No obstante, el Gobierno no otorga a los árabes israelíes las mismas facilidades y condiciones en temas referentes a educación, vivienda, empleo o servicios sociales.

Israel es un país formado por sociedades judías que se dividen de acuerdo al país de origen: sefarditas (nacidos en el norte de África), askenazíes (los más influyentes y provenientes de Europa y América del Norte), así como los sabras (nacidos en Israel después de 1948).

El judaísmo no es proselitista y tiene tres corrientes: ortodoxa, conservadora y reformista. Un estudio de Rafael Vásquez García, profesor de la Universidad de Granada, sobre la sociedad israelí, indica que existe todo un debate acerca del carácter étnico de la democracia en Israel.

Una de las corrientes es la liberal, muy crítica con el tradicionalismo rabínico y que contrapone la cultura occidental a la cultura tradicional judía, tachada de funcional, material y ritual, alegando que el secularismo prioriza la búsqueda de la paz, la dignidad del hombre, la eliminación de la discriminación y las virtudes cívicas.

Dado que estas corrientes religiosas, políticas y sociales se canalizan a través de los partidos políticos israelíes, es que el gobernante de turno busca armar coaliciones que le aseguren el poder, de acuerdo a las demandas de los distintos movimientos y tendencias. Así, si Netanyahu, que es un derechista, aviva la postura de los ultraderechistas de convertir Israel en un estado judío, es que quiere aprovechar la coyuntura para afirmar el carácter judío no solo en Israel, sino en Cisjordania. De esa manera se explican las construcciones de asentamientos judíos en Cisjordania o en la Jerusalén árabe, los intentos por permitir que dirigentes israelíes ingresen al Monte del Templo, lugar sagrado para los musulmanes, con lo que se atiza el fuego.

Algunas voces influyentes dentro de Israel, como el fiscal general o el jefe de la policía, además de políticos de centro, se han manifestado en contra del establecimiento de un estado judío en su totalidad. “Eso ya lo garantiza la Declaración de la Independencia sin perjuicio de las minorías”, declaró Jehuda Weinsten, fiscal general israelí.

En las elecciones del 17 de marzo si Israel se mantiene como un estado liberal o como una democracia étnica.