La fuga de Joaquín Guzman Loera, El Chapo, de la cárcel de mayor seguridad de México, es un tremendo golpe a la estructura política del gobierno actual y a la autoestima de todos los mexicanos. 

Más que la fuga en sí -cuestionable si se trata del mayor narcotraficante de México, el capo del cártel de Sinaloa, y en una cárcel de la que jamás reo alguno se escapó-, los mexicanos cuestionan la forma en la que El Chapo fugó, debido a que se pone en evidencia, una vez más, cómo la corrupción ha penetrado en distintas esferas gubernamentales de este atribulado país.

Ni en México ni en el resto de América Latina se cree que El Chapo pueda haber fugado de la cárcel de El Altiplano por un túnel construido a diez metros bajo su celda, con iluminación y sistema ventilación, y con una extensión de 1500 metros, sin que nadie se pudiera dar cuenta.

Además, por si fuera poco, esta es la segunda vez que Guzmán Loera escapa de un penal de alta seguridad. Fugó en el 2001 de una cárcel en Jalisco y fue atrapado el 22 de febrero del 2014 en Mazatlán, Sinaloa.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, golpeado por un descontento social reflejado en los sondeos y por un clima de violencia que lacera el sistema social y político, intentaba dar muestras de gobernabilidad, sobre todo tras la matanza de 43 estudiantes en Ayotzinapa, estado de Guerrero, hace unos meses.

Con la fuga de El Chapo regresan los fantasmas políticos que muestran la debilidad institucional del Estado Mexicano, aquejado como una gangrena por el cáncer de la corrupción, lo que se pone en evidencia con la falta de seguridad y civismo.

Ya la matanza en Ayotzinapa recordaba a la opinión pública internacional que algunos sectores del Estado de México habían sucumbido al crimen organizado, como secuela directa de la industria del narcotráfico que no solo compra autoridades, sino a ciudadanos de toda condición social.

Le corresponderá al gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional) de Peña Nieto y a toda la clase política mexicana –erosionada ante su opinión pública por falta de credibilidad- demostrar que México no es un caso perdido y que el problema de las brechas sociales (en el campo educativo, territorial y político) deben resolverse desde la democracia y con la participación incluida de todos los sectores de la sociedad mexicana.